Cientos de retornados que se instalan en Vigo no pueden convalidar sus títulos y regresan al instituto
29 jul 2018 . Actualizado a las 13:52 h.Mónica Janeiro es ingeniera informática en uno de sus dos países, Venezuela. En su otra nación, España, no pasa de la ESO. Hace dos años y medio dejó Caracas para retornar con su familia a Vigo, la ciudad de la que partió su padre partió para buscar una vida mejor. «Nos asaltaron con una pistola entrando en casa, la inseguridad está extendida y nuestro hijos son menores. Por eso nos vinimos, pero aquí no somos nadie», confiesa. El proceso para convalidar las titulaciones académicas -en el país del Orinoco le llaman apostillado y se enmarca en una convenio de La Haya- es tan lento como difícil resulta encontrar alimentos cada día. De ahí que muchos retornados aterricen en España con formación no reconocida y con la necesidad urgente de encontrar trabajo lo antes posible.
Nubia León llegó a Vigo hace un año si haber apostillado el título de biología. «Ahora estoy estudiando la materias de la ESO para sacar ese grado y optar a algún empleo, por poco cualificado que sea». Nubia dice que dejó a una persona de confianza para que tramite el apostillado de su formación universitaria y de bachillerato, para el que se necesita la misma convalidación internacional. En su caso, como en el de miles de retornados, la violencia les hizo huir del país casi con lo puesto. «No hay medicinas, ni médicos, cómo se puede seguir viviendo así», expone junto a su marido, Levi García, hijo de gallego nacido en Zaragoza que llegó a Venezuela con cuatro años.
«La suerte que tuve fue regresar a España una temporada en 1985 y hacer la convalidación del bachillerato». Con los años, y ya otra vez en Venezuela, se licenció para acabar siendo profesor universitario de física en Caracas. En julio del 2017 regreso huyendo de las pistolas y con la convalidación incompleta de sus títulos superiores: «Tengo algunos documentos apostillados, pero no son suficientes. Algunos tiene que remitirlos la universidad de allí y, claro, estamos atrapados entre la lenta burocracia de allí y las exigencias de la española».
Yeni Castro es otra venezolana con doble nacionalidad que volvió a sentirse segura en Vigo, aunque para ello haya tenido que perder su licenciatura en letras. Llegó hace diez meses tras dejar sus trabajos de guionista, en la televisión o editoriales. «Busco con la titulación de bachillerato pero no consigo nada, tengo los trámites de la universidad de allí aún pendientes. Todo a lo que puedo aspirar es precario. Incluso encontré un empleo para pasear perros en Linkedin (red social de profesionales) que exigía titulación universitaria. La verdad es que estoy sorprendida con España, tenemos doble nacionalidad pero no lo parece».
Kit de bienvenida
La Asociación de Amigos de Venezuela en Vigo -integrada en la Federación Venezolana de Galicia (Fevega)- cifra en 4.600 las familias retornadas que residen en la ciudad. A una media de tres integrantes por unidad, las cuentas del colectivo elevan a 13.800 las personas que llegaron para instalarse. Manuel Méndez, que trabaja con Nanda Ruiz en la asociación, conoce de primera mano el calado de la situación y las carencias con las que llegan a la ciudad olívica. «Lo primero que necesitan es un kit de bienvenida, que entregamos aquí, llegan desesperados, incluso partidarios de Maduro que ahora reniegan de él. Por no decir que en el supermercado no se compra lo que uno quiere, se compra lo que hay».
Manuel pone el acento en los pensionistas retornados. El Gobierno venezolano cortó el grifo, en el 2015, de las pensiones suspendiendo cualquier pago. José Antonio Fernández es un ejemplo. De mirada tan honesta como desesperada y discurso racional, este jubilado nacido en Ponferrada escapó de Venezuela tras un secuestro exprés a punta de pistola para robarle el coche. «Tenía a los hijos repartidos por Europa y me decidí por una hija que vive en Vigo». Manuel se jubiló con 65 años tras décadas de maestro en colegios, institutos y universidades. «Vivo de los pocos ahorros que tenía, pero ya casi no me queda nada. Estoy al límite y en España no nos dan ni la pensión asistencial ni la contributiva, que dependen de las administraciones gallega y central».