Procesan a un carballés emigrado en Suiza acusado de violar en varias ocasiones a su expareja tras drogarla
SUIZA
La denunciante pide 20 años de prisión y 70.000 euros de indemnización
19 mar 2024 . Actualizado a las 21:52 h.La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña dictó un auto por el que procesa a A.P., un carballés de 43 años, afincado desde hace meses, según apuntaron en el entorno, en Suiza. Está formalmente acusado de un delito continuado de abusos sexuales, perpetrados, supuestamente, contra su exmujer. El ahora imputado apeló contra esta resolución judicial, pero fue desestimada por el tribunal.
Los hechos, que serán enjuiciados el 11 de abril, salvo que haya un cambio de fecha de última hora, se remontan al 2019, cuando la Policía Nacional lo investigó en relación con una supuesta red de tenencia y distribución de pornografía. En la documentación recabada, el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial se encontró con ocho vídeos y más de 200 imágenes en las que aparece una mujer en posición inerte, como drogada, y desnuda sobre una cama, mientras que un individuo practica todo tipo de relaciones sexuales con ella. En el informe se identifica al supuesto agresor, A.P., marido de la víctima durante ocho años. Y la mujer que se encontraba desnuda en cama y en estado de inconsciencia es precisamente la denunciante.
A mediados del 2022, la afectada recibió en su domicilio una carta de un juzgado de Carballo. En la misiva, la autoridad judicial le instó a pasarse por el juzgado en relación a unos hechos que no le fueron comunicados. Solo le dijeron que se personara como perjudicada en un caso sobre una red de pornografía. El 22 de junio del 2022 acudió a la cita. Allí se desmoronó. Tuvo que visualizar más de 200 imágenes y ocho vídeos de elevado contenido sexual. Se reconoció al instante, pero dijo que no recordaba nada. También identificó la ropa íntima, las mantas, las sábanas, la cama, la habitación... Todo. Sostuvo en todo momento que el que fue su marido la debió de drogar y una vez inconsciente, abusó de ella.
No hubo una única agresión. Todas ellas, presuntamente en el domicilio del hombre. Según su relato a La Voz, tras el divorcio había quedado una buena relación personal. Quedaban con amigos para tomar algo y también fue a la casa de su expareja a tomar algo, pero como amigos. Negó tajantemente ser consciente de lo que ocurría en uno de los dormitorios. Al ver todo lo que se le mostró en el juzgado puso su caso en manos de un abogado y denunció a su exmarido por un delito continuado de abusos sexuales. La denunciante cuenta con un informe pericial contundente elaborado por la Policía Nacional.
Su abogado ya trabaja en la causa y todo apunta a que la acusación particular solicitará para el acusado veinte años de prisión y una indemnización de 70.000 euros por los daños físicos y psíquicos sufridos. Queda por determinar lo que pide la Fiscalía en relación con estos hechos.
En el auto de procesamiento, la Audiencia Provincial argumenta que el exmarido debe ser imputado porque los hechos a los que se enfrenta conllevan, en primer lugar, una pena superior a los nueve años de prisión. También por las duras imágenes y grabaciones recuperadas a través del teléfono móvil: «Lo que percibimos es una serie de actos y prácticas de contenido sexual que parecen alejarse de cualquier estándar de normalidad», señala el tribunal en su escrito. «La mujer que figura en las grabaciones es un cuerpo totalmente pasivo, que no reacciona a las penetraciones vaginales e intensos tocamientos. En una grabación, incluso, la mujer ronca perceptiblemente y ella se reconoce en esas imágenes», al igual que la ropa íntima, las colchas y las mantas de la cama donde está tendida». El denunciado llegó a instalar en el dormitorio «un dispositivo de grabación oculto» sin que ella fuera conocedora».
El procesado, por su parte, apeló argumentando que si hubo relaciones sexuales fue porque hubo «previo consentimiento de la mujer», algo que los magistrados no tienen del todo claro. Las imágenes y vídeos grabados «no encajan bien con el grado de inconsciencia [de la denunciante]».