Gallegos residentes en Londres preguntaron en la Embajada sus dudas sobre lo que les espera tras el «brexit»
15 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«Ojalá hubiera más reuniones informativas sobre el brexit, pero no para cien españoles, si no para quinientos o más, en uno de los salones de los ayuntamientos de cada barrio», explica Jesús Ledo Álvarez, uno de los gallegos que asistió a la sesión informativa celebrada por la Embajada de España en Londres para abordar temas de interés para los residentes en el Reino Unido.
Jesús Ledo, natural de Salvaterra de Miño (Pontevedra), se quedó con ganas de más. «Los ponentes ingleses son todos de lujo, explicaron las cosas más complicadas, pero creo que aún así es poco», apunta. Uno de ellos fue el subsecretario de Estado del Ministerio del brexit, Robin Walker, quien reiteró su «compromiso real» de que los españoles mantendrán sus derechos tras el divorcio. Residente en Londres desde 1967, Ledo no está preocupado por el futuro de su pensión, y cree que los británicos siempre han sido muy formales a la hora de pagar. «Oscilará según el cambio de moneda, pero seguirá», explica.
El empresario gallego Antonio Carreira Castro no es tan benévolo. Cree que en la reunión quedaron muchas cosas por contestar. Por no hablar de su preocupación por el tránsito de productos y la gente que vaya a venir a partir de ahora. Carreira no ve normal tener que volver a lo que se hacía en la isla hace más de 40 años, cuando llegó con un permiso de trabajo. «Los ingleses ya están acostumbrados a pedir jamón, chorizo y pimientos de Padrón en español, no se puede retroceder», comenta a La Voz. Oriundo de Vilalba, pide un acuerdo bilateral especial ante la importancia de las relaciones que unen a ambos países.
José Vázquez fue a la reunión sin expectativas. Tanto él como otros compatriotas llegaron a la capital británica hace seis décadas y tienen la residencia incluso antes de que el Reino Unido entrase en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1973. «Yo diría que el 90 % de los británicos están apesadumbrados de haber votado el brexit. Es dar marcha atrás», dice, achacando la decisión a la población que considera racista.
A su lado está la lucense Pilar López. Llegó con apenas 16 años para trabajar como au pair. Luego pasó a un hotel y terminó siendo auxiliar de enfermería. «Antes teníamos este certificado de registro para la inmigración. No pueden volver a poner aquí [muestra un pequeño libro verde similar a un pasaporte] cuando nos mudábamos de casa o nos cambiamos de trabajo», explica. Tiene claro que pese a lo que finalmente se decida, no renunciará a su pasaporte español, ni volverá a Galicia por esto: «Soy española al 100 %, pero este es mi país y no me ha ido mal aquí».
La Eurocámara exige a Londres igualdad de trato para los europeos tras el «brexit»
Cristina Porteiro
La Eurocámara no quiere europeos de primera y de segunda. Así se lo hizo saber ayer la institución al Gobierno británico de Theresa May.
Hasta 544 eurodiputados votaron a favor de un resolución en la que se insta a Londres a respetar de forma escrupulosa los derechos adquiridos por los europeos residentes en el país una vez que se consume el brexit. Y no solo eso. El Parlamento Europeo dejó ayer clara una línea roja: no habrá acuerdo posible si el Reino Unido insiste en crear dos categorías de europeos. Unos de primera y otros de segunda. De ello depende que May consiga la ansiada prórroga post brexit para garantizar un aterrizaje suave fuera de la UE. Si la británica no cede y acepta que los europeos que lleguen al Reino Unido durante el período de transición (hasta el 31 de diciembre del 2020) gozarán de igual trato y mismos derechos que los que ya residían en el territorio, no habrá pacto.
El órdago no es menor. La UE y los británicos solo podrán sellar un acuerdo final con el visto bueno del Parlamento Europeo, que insiste en diseñar un plan más pragmático que el planteado por los negociadores de May. La Eurocámara tomó ayer partido por la vía del acuerdo de asociación, la fórmula más sencilla y viable para establecer las tablas de la futura relación. Ese convenio debería incluir cuatro capítulos: comercio, seguridad interna, cooperación en política exterior y defensa y cooperación «temática», esto es, en materias como proyectos científicos y de innovación o el programa de intercambio Erasmus. Eso sí, siempre bajo la batuta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya jurisdicción May no quiere reconocer.
Lo mismo ocurre con el acervo comunitario. Los británicos insisten en «acompasar» sus normas con las de la UE para tener acceso a ciertas ventajas del mercado interior. En este punto los eurodiputados han sido claros: no habrá acceso al mercado interior si no se amoldan a las reglas marcadas por el Tratado de la UE en el que se exige pleno respeto a las cuatro libertades de circulación, incluida la de personas, la más problemática para el Gobierno de May. La Eurocámara no quiere oír hablar para nada de la posibilidad de acuerdos sectoriales que socaven la integridad del mercado único para permitir el «picoteo» que esbozó la británica.