Califica de «inusual como equivocado» el «andamiaje jurídico» que ha construido Pedraz «para mantener una competencia que no le corresponde»
03 abr 2014 . Actualizado a las 17:50 h.La Fiscalía ha vuelto a insistir hoy en la posibilidad de que la Audiencia Nacional recurra ante el Constitucional la reforma de la justicia universal en relación al caso Couso si se determina que esta nueva norma cercena «de forma sustancial» derechos constitucionales como «la eficaz protección de las víctimas».
Así lo expone la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza en un recurso de queja que ha interpuesto ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez Santiago Pedraz de mantener abierto el sumario del caso Couso tras la entrada en vigor de la reforma de la justicia universal, al considerar que sobre esa norma prevalece la Convención de Ginebra.
El fiscal, que responde de esta manera al auto en el que el juez rechazó un anterior recurso de reforma, califica de «inusual como equivocado» el «andamiaje jurídico» que ha construido Pedraz «para mantener a toda costa una competencia que funcionalmente no le corresponde».
A juicio de la Fiscalía, es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -y, en concreto, será el Pleno de sus 18 magistrados- la que debe resolver si cabe archivar la causa tal y como propugna la reforma o si cabe recurso de inconstitucionalidad a la misma, por lo que subraya «la manifiesta y palmaria falta de competencia funcional del instructor» para decidir al respecto.
Sobre la invocación del IV Convenio de Ginebra para mantener abierto el caso Couso, que se refiere al asesinato en Irak del cámara José Couso en 2003, el fiscal sostiene que ningún convenio internacional, «y este no es una excepción, prohíbe a los Estados establecer en su legislación interna límites al ejercicio de la jurisdicción universal y absoluta». «La cuestión es bien distinta: se trata de determinar si las nuevas normas legales introducen limitaciones o restricciones inaceptables desde una perspectiva constitucional, en cuanto cercenan de forma sustancial derechos constitucionales», indica el recurso.
En caso de que la respuesta sea afirmativa, añade el auto, la Sala de lo penal sería el órgano competente. En cuanto a la alegación de que aún quedan diligencias por practicar -entre ellas la toma de declaración a los tres militares estadounidenses procesados- antes de dar por concluido el sumario para elevarlo a la Sala, el fiscal asegura que no queda por practicar «absolutamente nada, salvo que se pretenda mantener abierto un proceso de manera indefinida», lo que considera «contrario a las leyes procesales».
Recuerda en este punto que han transcurrido dos años y medio sin que Pedraz «haya practicado ninguna diligencia» y con ello «se ha constatado meridianamente que las autoridades de los Estados Unidos ni van a colaborar ni van a cumplimentar las solicitudes de auxilio judicial», como son la entrega o toma de declaración de los procesados.
Además, «es absolutamente incierto, por otra parte, que el sumario no se pueda concluir si no se ha recibido declaración indagatoria a los procesados, como el instructor sostiene paladinamente». Para la Fiscalía también resulta «sorprendente» que el juez, «en su afán por no perder la competencia» que «legalmente no le corresponde», argumente que si finalmente constata que las diligencias pendientes no pueden practicarse, ello no daría lugar a la conclusión del sumario sino al archivo provisional de la causa.
Según el recurso, «debería saber el instructor que ese trámite de archivo provisional en el sumario por parte del propio juez de instrucción no existe en nuestra legislación procesal vigente» y esto es así «desde hace más de 25 años». Los jueces de instrucción se han rebelado contra el archivo de sus causas de justicia universal por considerar inconstitucional esta nueva norma, pero todos ellos, menos en el caso Couso, han optado por dar traslado a la partes para que informen sobre los efectos de la reforma. Esto también es objeto de crítica por parte de la Fiscalía, que reprocha a Pedraz «la singularidad» de su actuación para la que ni siquiera pidió la opinión previa del Ministerio Público.