Argentina da una vuelta de tuerca a las pensiones de los jubilados gallegos

Vincula las prestaciones a la evolución de los salarios y los ingresos públicos


redacción / la voz

Las pensiones de los jubilados gallegos en Argentina rondan los 17.000 pesos mensuales (253 euros). A algunos ni les alcanza para llegar a final de mes y recurren a fuentes de ingresos alternativas. Las cuantías, ya de por sí escasas, se han visto más depreciadas -en relación a sus contribuciones- desde que el Gobierno de Alberto Fernández introdujo por decreto cambios en el cálculo de las pensiones para premiar a las más pequeñas (el 65 % perciben la mínima), que subieron un 35,3 % a costa de las cotizaciones medias y altas de quienes conservan un historial de cotización más largo. La medida puso en pie de guerra a miles de emigrantes gallegos, quienes ahora han visto afianzados esos cambios en la recién promulgada Ley de Movilidad Jubilatoria.

La norma -aprobada con 132 votos a favor y 119 en contra-, destierra el cálculo del Ejecutivo de Mauricio Macri, quien ponderaba un 70 % de la evolución de la inflación (IPC) y el 30 % de la remuneración promedio de los trabajadores (Ripte) a la hora de fijar las cuantías.

De ahora en adelante, el cálculo se hará teniendo en cuenta la variación salarial media (50 %) y la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (50 %). En otras palabras: la pensión de los jubilados gallegos pasará a depender del devenir de la economía argentina. Si se desploma el empleo o cae la recaudación en época de crisis y los precios siguen medrando -como ocurrió en épocas de hiperinflación-, se les congelarán las cuantías, lo que en la práctica es un recorte de las pensiones porque mina su poder adquisitivo. Las prestaciones se irán actualizando de forma trimestral (en marzo, junio, septiembre y diciembre) y afectará a unos 18 millones de personas (desde jubilados a perceptores de pensiones no contributivas o ayudas familiares).

¿Beneficia a los jubilados este cambio? Depende, dirán los gallegos expatriados. En un país con tanta inflación, hubiera sido preferible vincular la prestación a la evolución de los precios para no perder poder de compra, pero muchos -incluidas consultoras externas- han puesto en cuestión las cifras de los sucesivos Gobiernos. Habrían minusvalorado su incremento para no tener que incrementar los pagos.

Más beneficioso

Los estudios sugieren que el cálculo introducido por Alberto Fernández -parecido al que se diseñó en el 2008 bajo la batuta de Cristina Fernández de Kirchner-, beneficia más a los pensionistas. «Genera mejores resultados que la fórmula recién suspendida [...] La inflación galopante de los últimos años, aunada a políticas públicas que llevaron a la modificación de la legislación generó un deterioro evidente en la vida de los jubilados», señalan en un análisis los expertos Jorge Tonatiuh y Martínez Aviña, quienes creen que la reforma es «viable en los términos planteados» y que los cambios más profundos deberían acometerse una vez que se estabilice la inflación y se recupere el poder adquisitivo de los pensionistas, que cayó un 19,5 % al vincularlas a la inflación, frente a la subida del 25,8 % en las épocas en las que se vincularon a los salarios y los ingresos públicos.

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