La lenta e imparable agonía del Centro Gallego de Buenos Aires

Desde que la Xunta traspasó el gasto a la Hacienda argentina, la clínica perdió al 90 % de su personal y de sus servicios

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buenos aires / corresponsal

El futuro del Centro Gallego de Buenos Aires es agónico y poco claro para socios y empleados, quienes no cobran sus salarios desde octubre del 2017. Solo un puñado de antiguos médicos continúa con las prestaciones a asociados fieles, todos estoicos gallegos de más de 75 años que con rigor pagan 120 euros mensuales (la mitad de su jubilación argentina) por un servicio sanitario escuálido y deficiente.

En el edificio de la Avenida Belgrano, de 34.000 metros cuadrados, solo se encienden un par de dependencias. La planta baja, que concentra la actividad sanitaria, y el quinto piso, donde permanecen inmóviles una docena de pacientes ancianos. El resto es zona de guerra o cerrada con vallas, como la habitación 202, donde falleció Castelao el 7 de enero de 1950.

Faltan insumos y medicamentos, hecho que motivó que desde hace seis meses estén cancelados servicios tales como laboratorio, cirugías o diagnóstico por imagen. Por ejemplo, en el laboratorio, que tramitaba miles de análisis diarios, unos pocos pacientes acuden diariamente para la extracción de sangre o análisis clínicos, pero no pueden ser atendidos por falta de insumos básicos (no hay tubos de vidrio, jeringas, agujas, algodón o alcohol) y tampoco funcionan desde mayo el sistema informático ni los aparatos de análisis por falta de reactivos. Lejos queda la época en que el Centro Gallego era un hospital modelo y con pacientes deseosos de recorrer sus pasillos para encontrar con quien charlar sobre «cousas da terra».

A la espera de su turno médico, dos socias se explican: «Mi número me lo dieron por teléfono, hace 30 días -dice María, nacida en Muxía-. Son pocos los doctores que atienden aquí». Su compañera de Lugo, también María, añade: «Dicen que está vendido, otros que no, todo es incertidumbre», señalan al unísono.

Cerca de la desabastecida farmacia, con horario de 8 a 14, también bastón en mano, una tercera paciente, Pilar, nacida en O Cebreiro hace ya casi ochenta años, asegura que «médicos hay», aunque reconoce que es difícil obtener cita en atención diaria.

Hasta el 2012, los empleados superaban los 900, y con los interventores de la Justicia argentina llegaron a 1.400. Hoy, con sueldos adeudados y la apertura de un programa voluntario de jubilaciones, se calcula que solo hay un centenar de trabajadores en todo el sanatorio. Muchos asisten, como lo hacen desde hace décadas, para no abandonar su puesto de trabajo. Al parecer, en los últimos meses se acumuló la recepción de unas 450 cartas reclamando pagos, algo que justificaría el despido sin causa del personal sanitario y administrativo.

Hoy se calcula que el rojo en las cuentas del Centro Gallego superaría los 60 millones de euros. En el 2011, el déficit rondaba los 4,5 millones de euros, monto que canceló la Xunta poco antes de romper su relación con el hospital, que mantenía a través de la Fundación Galicia Saúde.

Las deudas acumuladas en salarios del personal sanitario por parte de la gestión del interventor judicial, Martín Moyano Barro, generó en el último mes un par de protestas callejeras por parte de los trabajadores, con caceroladas y cortes en la populosa avenida Belgrano.

Temen un cierre intencionado

La enfermera Yolanda Guitián, con varias décadas de trabajo en el sanatorio, explica cuál es su situación: «Sigue el plan de lucha, con reclamo de los sueldos impagos. Esperamos que los funcionarios [de la Intervención Judicial, gestora del sanatorio desde el 2012] se hagan cargo» de los compromisos laborales. «La responsabilidad -añadió- es de los organismos oficiales en Argentina, la situación está a la vista, ya que en el Centro Gallego hay un sanatorio que se está preparando para cerrarlo y dejar afuera a sus socios, que pagan sus cuotas, y a los trabajadores». Paula Becerra, secretaria general del Sindicato de la Salud (Sidesa), añadió que los trabajadores del hospital «no cobran sus sueldos desde hace 9 meses, y reciben solo unos 30 euros semanales; además, faltan insumos, hay cierre de servicios y un vaciamiento en marcha». Becerra cree que el futuro que se presenta es muy malo: «Hemos hablado con el interventor Moyano Barro, nos ha atendido, pero no hubo una respuesta favorable. Vemos que el hospital pierde funcionalidad y faltan cosas mínimas para atender correctamente a los socios».

Los antiguos representantes del centro -excluidos de la gestión desde el 2012- objetan la decisión de Moyano de convocar elecciones para el 10 de septiembre porque todavía esperan el informe de deudas con Hacienda solicitado a Moyano en la asamblea de mayo, así como las gestiones realizadas con el grupo Favaloro-Ribera, único aspirante a la compra del inmueble. Las agrupaciones de socios consideran que la intervención tampoco dio cumplimiento a la solicitud realizada por la Justicia argentina de restablecer todos los servicios médicos para los socios.

La Xunta aporto 33,5 millones de euros a la sociedad entre el 2001 y el 2011

La Xunta Galicia destinó 33 millones de euros para asistir la endeble situación económica del Centro Gallego en la década posterior al 2001, cuando la crisis golpeo a Argentina. Solo en el 2011, el Gobierno gallego tomó la decisión de concluir la relación que mantenía con el hospital a través de la Fundación Galicia Saúde, para lo cual destinó un único pago de 11,5 millones de euros. La Hacienda argentina recibió la mitad de estos fondos. Hoy la Xunta define al hospital como una empresa privada argentina, y planea «garantizar» su patrimonio cultural, tanto artístico como bibliográfico: 161 obras de arte por un valor de 600.000 euros, con obras de Castelao, Seoane, Maside o Sotomayor, y unos 18.000 libros.

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