La decisiva asamblea del Centro Gallego de Buenos Aires queda en receso hasta el 24 de abril
ARGENTINA
El interventor judicial tendrá que informar sobre los pasivos y deudas de la entidad que reúne a los emigrantes gallegos en Argentina
13 abr 2018 . Actualizado a las 09:03 h.El Centro Gallego de Buenos Aires vive otro momento clave de sus 111 años de historia. Representantes de la institución, que ha dedicado buena parte de su trayectoria al servicio sanitario y cultural de los emigrantes gallegos en Argentina, iniciaban la pasada medianoche una asamblea decisiva para aprobar las cuentas de los ejercicios 2012-2017. O lo que es lo mismo, debían reconocer un enorme agujero económico y, a continuación, dar el visto bueno a la venta del monumental edificio de seis plantas y 36.000 metros cuadrados y de los servicios sanitarios del centro, que cuenta con un importante legado cultural relacionado con Galicia y cuyo futuro está en el aire.
La asamblea de representantes de socios quedó en receso hasta el próximo martes 24 de abril a instancias de la exigencias de las seis agrupaciones de la entidad de reclamar a la intervención judicial, a cargo de Martín Moyano Barros, que informe cuáles son los pasivos y deudas de la entidad.
Los 90 socios y representantes de las agrupaciones pro Centro Gallego de Buenos Aires también exigieron a la gestión de Moyano Barros que, dentro del acuerdo formulado por la Fundación Favaloro-Grupo Ribera, se defina sobre cuál será la prestación que recibirán los más de 4.000 socios hoy activos y en su gran mayoría gallegos de origen.
También, atento a la demanda de preservar el incalculable patrimonio artístico y cultural, cual será el espacio físico que recibirá la Mutual, que debería quedar libre de toda deuda con el pago que haga el grupo oferente privado que se haga cargo de las instalaciones sanitarias del Centro Gallego.
Esto fueron los resultados de la asamblea realizada con los representantes de las seis agrupaciones, encuentro que fue seguido atentamente a través de una pantalla gigante, también con profundo malestar, por más de un millar de socios ubicados en el Hall Central, del centenario edificio de la entidad gallega, ubicado en la intersección de las Avenida Belgrano y la calle Pasco.
«Dentro de ocho días hábiles deberá haberse negociado un nuevo acuerdo y una propuesta que deberá incluir la atención que recibirán los socios, los pasivos de la entidad y el espacio que se necesitará para la mutual, donde se seguirá trabajando como acción social y mutualismo», explicó Aída Díaz, referente de Unión Gallega y que hizo de portavoz de otras cuatro agrupaciones.
Todos estos temas no han sido expuestos públicamente hasta el momento, ni siquiera en las reuniones que tuvo Moyano Barros en privado con representantes de los socios del Centro Gallego en las últimas semanas y previo a la convocatoria a asamblea. Si bien este medio trató de obtener declaraciones del interventor judicial nombrado oportunamente por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 54, esto no fue posible.
En diálogo con La Voz de Galicia, Aída Díaz aseguró que los socios «rechazaron» la pretensión de la Intervención de volver a aprobar los seis balances del Centro Gallego, comprendidos entre el 2012 y 2017, por considerar que estos «ya fueron rechazados por unanimidad» en la asamblea realizada en diciembre del 2017. «Si dicha asamblea no fue impugnada y es válida, los seis balances fueron rechazados allí por unanimidad», explicó.
Tras la negativa, se pasó a tratar el punto octavo de la convocatoria: el acuerdo preventivo con el grupo ofertante conformado por Favaloro-Ribera. «No sabemos cuántas son las deudas y para concretar la venta piden que se haga un acuerdo preventido» explicó Díaz. «Los socios del Centro Gallego no tenemos acceso a ninguna información desde hace seis años» de las cuentas de la institución, es decir desde que comenzó con la intervención de la Justicia argentina, denunció la portavoz.
Se calcula que el rojo en las cuentas del Centro Gallego alcanzó los 1.600 milones de dólares, es decir casi 63 millones de euros, a setiembre del 2017, cifra que dista de la deuda de 70 millones de dólares que presentaba la entidad sanitaria cuanto fue intervenida por la Justicia argentina en octubre del 2012.