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La valedora do pobo emplaza al Estado a suplir las pensiones de los emigrantes de Venezuela

El Gobierno de Maduro retiene los pagos desde hace dos años

santiago / la voz, 11 de enero de 2018. Actualizado a las 05:00 h. 0

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Unos 3.500 gallegos retornados de Venezuela llevan hasta dos años sin percibir pensiones como las de jubilación o viudedad que les retiene desde entonces el Gobierno de Nicolás Maduro, y la consecuencia es que muchos de ellos se quedaron sin fuente de ingresos para poder vivir con dignidad. La valedora do pobo, Milagros Otero, apunta que en este colectivo hay casos de «empobrecemento grave», por lo que hace frente común con el defensor del pueblo en funciones para instar a la Administración del Estado a que salga al rescate de estos emigrantes y les conceda ayudas compensatorias que ya ha empezado a reconocer la Justicia española.

Después de dos años sin cobrar las pensiones de Venezuela, muchos de los emigrantes han agotado sus ahorros, a la vez que vieron cerradas casi todas las puertas de la Administración del Estado, que ni obtuvo avances diplomáticos con Caracas para restablecer los pagos ni concede complementos mínimos o pensiones no contributivas para paliar la situación de los casos más graves.

La defensora de los gallegos demanda que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social establezca «criterios máis flexibles» para facilitar el acceso a las prestaciones, toda vez que algunas sentencias están condenando al Estado español, en el caso de las pensiones compartidas por ambos países, a liquidar el importe de una pensión mínima.

La petición hecha por Milagros Otero, en colaboración con el defensor del pueblo, va en línea con el trabajo desarrollado previamente en Galicia, donde la Consellería de Política Social empezó a flexibilizar algunos criterios para tramitar ya prestaciones sociales en función de la situación económica de este grupo de damnificados. Uno de los problemas más importantes con que se están encontrando los pensionistas de Venezuela es que necesitan acreditar ante las autoridades españoles el impago de sus prestaciones, algo que la Administración de Maduro se niega a certificar.

Es por ello por lo que tanto la valedora como el defensor consideran que debería bastar «con medidas de proba máis sinxelas» para poder acceder a las ayudas asistenciales o compensatorias que se pueden conceder en España. Además, reclaman que en ningún caso sea computado como ingresos de los emigrantes el importe de las pensiones de Venezuela que no están cobrando desde enero del 2016, lo que ayudaría a acreditar mejor la precariedad económica que están sufriendo muchos de ellos.

Y aunque esta medida no resolvería del todo el problema de fondo, Milagros Otero considera que «suporía un pequeno respiro» ante la grave situación por la que pasan muchas familias.

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