La Justicia argentina ordena rehabilitar todos los servicios médicos del Centro Gallego de Buenos Aires
ARGENTINA
Se buscará hasta el 8 de mayo poder formalizar un proceso de venta del centenario edificio del Centro Gallego que deje conformes a los socios y al comprador
26 abr 2018 . Actualizado a las 09:34 h.La Justicia argentina ordenó al interventor judicial Martín Moyano Barros que el Centro Gallego de Buenos Aires, actualmente solo con servicios de guardia, rehabilite a partir de la primera quincena de mayo todos sus servicios y prestaciones médicas para sus 4.000 socios. Al mismo tiempo deberá definir cuál es la deuda con el fisco argentino y el pasivo de la institución antes de tramitar una venta de activos que deje sin deudas a la entidad. «La institución no debería permanecer con sus puertas cerradas más tiempo», confirmó Moyano Barros, tras reanudar ayer la asamblea iniciada el 12 de abril, y que volvió a ser aplazada hasta el 8 de mayo.
El retraso fue convalidado por 32 representantes de socios del Centro Gallego, sobre un total de 90 habilitados, después de que Moyano se comprometiera a gestionar antes del 8 de mayo una definición de las deudas que la entidad sanitaria mantiene con las autoridades del fisco y provinciales de Argentina.
También se buscará hasta el 8 de mayo poder formalizar un proceso de venta del centenario edificio del Centro Gallego que deje conformes a los socios y al comprador: «Apostamos a una operación que deje libre de deudas tanto al comprador como al vendedor», dijo el interventor a los asambleístas y a los 500 socios que siguieron la asamblea desde el vestíbulo del centro.
Patrimonio cultural
Entre los temas que se trataron en la asamblea de socios no figuró el destino del patrimonio cultural del que dispone la entidad, un tema que sí se trató en anteriores convocatorias. El Centro Gallego tiene 161 obras de arte que fueron valoradas en 600.000 euros, además de una biblioteca de 18.000 volúmenes.
A expensas de que se decida el futuro de los bienes culturales de la entidad, esta ha abierto un plan de bajas voluntarias para su personal. Moyano explicó que abril se cerrará con la salida de unos cien empleados y en mayo se podrían retirar entre 200 y 300 más, de modo que el centro quedaría con entre 300 y 400 trabajadores.
Dudas sobre cómo y a quién notificar el juicio rápido y los plazos para demandar
La letra pequeña de la reforma que propiciará los juicios rápidos contra los okupas y los desalojos exprés no se conocerá hasta que el Senado certifique el texto legal. Pero con el paso dado por el Congreso surgen dudas como las que plantea el abogado vigués especializado en urbanismo David Arjones, de Moure Abogados, que cree que la modificación «es buena, pero le falta bastante desarrollo y planteará nuevos problemas». En concreto se pregunta cómo se llevará a cabo la notificación del juicio rápido si los okupas no acceden a recogerla, y si los plazos para instar el desalojo permitirán hacerlo a quienes no denuncien de inmediato el asalto. Cuestiona también contra quién se emitirá la demanda si no se logra identificar a los okupas, o si estos van cambiando dentro de la propiedad. Arjones cree que se debería regular la posibilidad de demandar a los ocupantes «en genérico», pero estima que es un extremo complejo.