Si bien la anulación del voto desde el exterior para elecciones municipales no precisó de demasiadas explicaciones -era obvio que no tenía sentido-, las dificultades para hacerlo en autonómicas o generales, mediante voto rogado, produjeron el desestimiento y el enfado de quienes siguen vinculados a su patria, bien por nacimiento o por adquisición de la nacionalidad prevista por el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior que promovió el primer Gobierno de Zapatero. Galicia computa una población de 2.701.848 personas, de las cuales 446.269 residen en el exterior y pueden votar. Comparado con los datos de toda España, donde hay 2.305.030 votantes expatriados para para una población de 45.858.230, se hace incomprensible que este asunto esté fuera de nuestra agenda política -y del interés ciudadano- porque su opinión puede marcar un vuelco electoral, o consolidar el continuismo. El actual censo de residentes en el exterior es el más alto que se recuerda: 16 % del electorado gallego, si bien tanta abundancia no se correspondió con la participación en las últimas convocatorias. En el caso de Argentina, sólamente lo utilizó el 3,6 % de los 156.887 censados, debido a las limitaciones impuestas por el voto rogado, un trámite burocrático farragoso y desmotivador que dificulta el ejercicio de este derecho constitucional.
Consuelo Rumí, secretaria de estado de Asuntos migratorios a la sazón, vuelve a estar al frente de un departamento con tamaña incidencia sobre Galicia. En su haber tiene la instauración del procedimiento que habilitó a hijos y nietos a solicitar la nacionalidad. Dos días después de su toma de posesión el viernes pasado, como parte del equipo del Ministerio de Trabajo, tuvo su primera actuación en el plenario del Consejo General de la Emigración celebrado en Madrid los días 25 y 26 de este mes. El orden del día venía marcado por las anteriores autoridades nombradas por el Partido Popular y la noticia está en el cambio de menú auspiciado por quienes durante los últimos siete años no hicieron nada por revertir esta situación y, sólo dos días después del nombramiento de la responsable socialista, se lanzaron en tromba a reclamar todo lo que ellos mismos habían deshecho. Es una obviedad que el ruego del voto fue una mala decisión y no sorprende que su derogación fuera el primer anuncio público del ministro de Exteriores. Es, también, la voluntad expresada por todos los grupos políticos en el Senado. Y es, además, una reivindicación lógica y asumible, sobre todo para pueblos como el nuestro, acostumbrado a la fractura de la emigración pero también capaces de superarla con medidas creativas y compensatorias. Sería de agradecer que la Xunta estableciera un pacto de no agresión en esta materia por el bien de todos. Los votos ni se compran, ni se venden, ni se ruegan.