La emigración reclama que se cumpla ya la promesa de revocar el voto rogado
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Afea a los grupos políticos que asuman cada año un compromiso y no lo materialicen
27 jun 2018 . Actualizado a las 08:45 h.Los españoles residentes en el exterior aprovecharon ayer la sesión de clausura del pleno del órgano consultivo que los representa -el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), dependiente del Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social- para trasladar a los grupos políticos su decepción ante la reiteradamente incumplida promesa de derogar el voto rogado, que desde el 2010 prácticamente impide votar a quienes residen fuera del país.
«Prometer no empobrece. Las legislaturas pasan y nos prometen, pero no nos cumplen», señaló Manuel Domínguez Gavián, consejero en representación de los españoles residentes en México. Aseguró que en las comisiones que forman el citado consejo «trabajamos mucho y es una pena que no tengamos nada dulce que llevarles a nuestros ciudadanos en el exterior».
La crítica fue recurrente en las intervenciones de los más de 40 representantes de países tan diversos como Irlanda, Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Venezuela o Brasil, después de que los políticos que acudieron ayer al pleno manifestaran su compromiso con la revocación del polémico voto rogado que ha hecho caer del 30 % al 5 % la participación en los comicios de los españoles del exterior.
La víspera, en la apertura del encuentro, celebrado el lunes y ayer en Madrid, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, aseguró que las dos prioridades de su departamento en esta legislatura de duración reducida (habló de «año y medio») eran aprobar la Ley de Nacionalidad para resolver los problemas de los descendientes de españoles que aún no la tienen, y la supresión del voto rogado, que precisamente aprobaron PSOE y PP, con el respaldo del PNV.
Problemas «enquistados»
Y el director general de Migraciones, Agustín Torres, aunque dijo «tener la sensación de que hay problemas que se han enquistado en estos años», abundó ayer en el mensaje de Rumí y llamó al optimismo: «Quiero trasladaros ilusión. Este nuevo equipo del ministerio tiene crédito, hacemos lo que decimos».
Pero mantener la esperanza se complica cuando la promesa se repite periódicamente desde hace años: «Suena muy bonito lo que aquí se ha dicho. Todos coincidimos en la eliminación del voto rogado, pero no queremos más palabras. Pónganse de acuerdo y resuelvan las cosas que hoy castigan a la emigración», espetó el consejero de Venezuela, José Antonio Alejandro.
Y respecto a ponerse de acuerdo, los grupos políticos presentes (PSOE, Podemos, Ciudadanos y Coalición Canaria; el PP no acudió) dejaron claro que lo estaban. La diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, recordó que ellos, junto con Izquierda Unida, fueron los únicos que se opusieron a cambiar la fórmula del voto exterior con la excusa de acabar con el fraude. «Nos opusimos a la pinza PP-PSOE, que tienen un discurso cuando están en el Gobierno y otro en la oposición. Todos los españoles, vivan donde vivan, tienen los mismos derechos para votar. Y que no les engañen con la circunscripción exterior», sostuvo.
En la idea de que todos los votos tengan el mismo valor coincidió el diputado de Ciudadanos, José Cano, que se puso a disposición de los consejeros para llevar su voz al Congreso. Por parte de Podemos, la senadora Sara Vilà destacó la proposición de ley impulsada por su grupo y que, tras conseguir apoyo unánime, será el germen de la Ley de Nacionalidad, mientras que sobre el voto rogado, aunque defendió su derogación, apostó por crear una circunscripción exterior que, sin embargo, no convence a todos.
Desde el PSOE, la diputada Pilar Cancela admitió que el cambio de la ley electoral fue un error, y dijo «recoger el guante» de la emigración: «Modificar la ley requiere una mayoría cualificada, consenso, y hoy aquí falta un grupo parlamentario, el que sustentaba al Gobierno anterior. Nosotros tenemos voluntad política, y si no cumplimos, nos lo reivindican».
El PSOE reiteró su «voluntad política» y que buscará el «consenso» para revocar la fórmula
«Quizá tengamos que ir a legislaciones excepcionales para ayudar»
La dramática situación que atraviesan los españoles que residen en Venezuela estuvo muy presente en las deliberaciones del consejo durante los dos días que se prolongó el pleno. El órgano, además de los 42 consejeros electos de los diferentes países, también incluye a comunidades autónomas, ministerio y agentes sociales, hasta rebasar los 60 miembros, y una de las propuestas que ayer se aprobaron por unanimidad fue la de mejorar la ayuda para paliar situaciones de necesidad que la Administración española concede a los mayores residentes en Venezuela. El director general de Migraciones, Agustín Torres, adelantó que quizás haya que recurrir a legislaciones excepcionales para las ayudas a ese país porque las actuales no solucionan el problema de los españoles en Venezuela.
