Una gallega encabeza la defensa de la nacionalidad para nietos de emigrantes

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

ACTUALIDAD

Pierden su condición de españoles si no la ratifican al alcanzar la mayoría de edad. Cifran en 4.000 el número de casos que reclaman la nacionalidad de sus padres y abuelos

10 abr 2017 . Actualizado a las 11:41 h.

Decenas de emigrantes de tercera generación, nietos de gallegos y españoles establecidos en otros países, han perdido la nacionalidad obtenida por vínculo familiar tras alcanzar la mayoría de edad al no declarar en ese momento su voluntad de conservar su condición de españoles.

El Código Civil es claro al respecto: «Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación». El texto legal establece que la pérdida se producirá «una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación». Declarar dentro de ese plazo el deseo de conservar la nacionalidad ante el Registro Civil del consulado de inscripción es suficiente para no perderla.

Pero, pese a que la normativa lleva años en vigor, su desconocimiento generalizado ha propiciado que se haya abierto una iniciativa para que se les dé la vuelta a las condiciones de conservación de la nacionalidad para los nietos de la emigración. Liderados por Ángeles Fernández-Ramil, hija de emigrantes que partieron de Ortigueira a Venezuela y establecida después en Chile, centros de emigrantes gallegos y españoles radicados en Latinoamérica han puesto en marcha una petición colectiva que pretenden hacer llegar al Congreso para que la nacionalidad de los nietos de emigrantes se mantenga de forma automática salvo que el interesado opte por renunciar a su condición de español, sin necesidad así de ratificar esa condición al llegar a la mayoría de edad. 

Información tardía

Fernández-Ramil, recién retornada a A Coruña para establecerse con sus padres, ha visto cómo sus dos hijos han perdido la condición de españoles. «Yo, que soy analista política, he trabajado en el Gobierno chileno en el Palacio de la Moneda y dirigí la Fundación de Ricardo Lagos [expresidente de Chile], se me pasó que hiciesen ese trámite. Lo debería conocer, pero no fue así y por eso me pregunté: ¿cuánta gente más se habrá quedado sin la nacionalidad por no saber que debía ratificar el deseo de conservarla al cumplir los 18 años?», señala para explicar los motivos por los que puso en marcha la campaña.

La promotora de la iniciativa que promueve una modificación de la normativa de nacionalidad, cuyo debate figura en las previsiones de las Cortes para el presente mandato, señala que en la mayoría de los casos la pérdida de la nacionalidad española es descubierta por los jóvenes afectados cuando tratan de renovar sus pasaportes y descubren que debían haber hecho el trámite de la ratificación para mantener la doble nacionalidad. «España, que siempre ha sido muy generosa a la hora de conceder la ciudadanía, como en el caso de los sefardíes descendientes de los judíos expulsados hace 500 años, o con la puerta abierta a adquirir la nacionalidad con la ley de la memoria histórica, cierra las puertas a personas que fueron españoles desde el día que nacieron».

Ángeles Fernández-Ramil asegura que la norma de nacionalidad ha generado «familias fracturadas», al perder la nacionalidad alguno de los hijos y conservarla los más jóvenes una vez que supieron de la obligación de ratificarla al alcanzar los 18 años.

En la página Nacionalidad Española Perdida, la politóloga retornada a Galicia recoge testimonios y apoyos a la causa que pretende sea atendida en el Congreso y que ha generado «casos sangrantes». Relata, entre otros, el de una nieta de gallegos que investiga el legado artesanal de los emigrados de Galicia en el sector de la panadería en Santiago de Chile, y que ha perdido la nacionalidad por no conocer la necesidad de ratificarla.

La promotora de la iniciativa estima que la Administración gallega debiera hacerla suya también, y tratar de sacar provecho de esa circunstancia para mitigar las adversas consecuencias de la recesión demográfica de Galicia y abrir también vínculos empresariales con el extranjero.

Los hijos de los nacionalizados quieren su pasaporte

La previsión de que el Congreso de los Diputados abra de nuevo el debate sobre las condiciones exigidas para obtener o conservar la nacionalidad española ha generado una casuística diversa entre los que aspiran a hacerse con el pasaporte del mismo país que sus antepasados cuando emigraron.

En Argentina se ha constituido para ello una organización, el Centro de Españoles Unidos, cuyo objetivo es el de lograr el reconocimiento de la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles en el exterior, «rehenes de las lagunas jurídicas de España en esta materia».

Juan Manuel de Hoz, portavoz del colectivo radicado en Buenos Aires, cifra en más de 4.000 el número de descendientes de emigrantes que aguardan a la regularización de su situación. 

Unos hijos sí, otros no

«Muchas familias españolas en el exterior tienen un hijo español y otro no, así de simple y terrible», advierte De Hoz. Para paliar dicha situación el Centro de Españoles Unidos, en representación de otros colectivos emigrantes, reclama la aprobación de una nueva ley de nacionalidad para los descendientes de emigrantes.

La ley de la memoria histórica, que entre el 2008 y el 2011 abrió la puerta de la nacionalidad a los hijos y nietos de los emigrantes, dejó sin resolver la situación de los hijos mayores de edad de los nuevos nacionalizados. A los menores de 18 años de los que accedieron por vía familiar y gracias a dicha ventana legal a la nacionalidad española a todos los efectos, les fue concedido de manera automática el pasaporte de España y, en cambio, a los que habían superado en ese momento la mayoría de edad, no.

Ese es el caso de Juan Manuel de Hoz, hijo de padres españoles nacionalizados con la ley promulgadas en el 2007, pero él ya era mayor de edad en ese momento. Lo mismo le ocurrió a una de sus primas, señala, mientras que otra sí adquirió la nacionalidad, al tener menos de 18 años.

Además de esos casos, tampoco pudieron obtener el pasaporte español los nietos de abuela casada en el extranjero con un no español antes de 1978, pues a la mujer no se le reconocía la posibilidad de transmitir la nacionalidad hasta la proclamación de la vigente Constitución.