Creada una comisión de cooperación entre la UE y América Latina
Actualidad
Esa cooperación también deberá llevar, en el futuro, a la constitución de redes de información y bancos de datos comunes.
06 Mar 2008. Actualizado a las 18:02 h.
Los jueces que asisten a la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana anunciaron hoy un acuerdo para la creación de una Comisión de Cooperación Jurídica entre los países de América Latina y la Unión Europea (UE).
Lo que fue considerado como el primer acuerdo concreto de esta cumbre que se celebra en Brasilia, supondrá congregar en un mismo grupo de trabajo a magistrados de las 27 naciones de la UE y de 19 países latinoamericanos.
La iniciativa, calificada en la cumbre judicial como «pionera» en esa materia, apuntará a buscar fórmulas que permitan un «mayor y constante» intercambio de información y experiencias.
Según un comunicado emitido en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, esa cooperación también deberá llevar, en el futuro, a la constitución de redes de información y bancos de datos comunes entre América Latina y la UE.
En la Comisión de Cooperación Jurídica participarán Argentina, Brasil y El Salvador, en representación de América Latina, mientras que por el lado de la UE lo harán España, Portugal y un tercer país que será elegido en mayo próximo.
La XIV Cumbre Judicial Iberoamericana se celebra en la sede del Superior Tribunal de Justicia de Brasilia y concluirá mañana.
Uno de sus principales objetivos es la búsqueda de fórmulas que garanticen el acceso a la justicia a inmigrantes y otros grupos desfavorecidos.
El secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, inauguró las sesiones el pasado martes y enmarcó esta reunión en la intención de dotar de un contenido más social a la comunidad iberoamericana.
Iglesias destacó que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, celebrada en noviembre pasado en Santiago de Chile, acordó el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que dotará de mayor garantías económicas a los emigrantes.
Según el titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), esos esfuerzos deben dirigirse a otros frentes, como el judicial, de modo de darle a esas garantías un marco jurídico apropiado y volcado a la protección de los ciudadanos.