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Los gallegos de Venezuela apoyan a la familia del estradense que se quitó la vida al no lograr insulina

Ana Rincón, la viuda del gallego, espera recibir parte de la pensión de viudedad española

Caracas / Corresponsal, 04 de septiembre de 2017. Actualizado a las 05:00 h. 0

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La comunidad gallega en Venezuela se ha movilizado en ayuda de Ana Rincón, la viuda de Manuel Cardelle, el estradense que se suicidó, a los 85 años, por no conseguir la insulina para su diabetes. Al menos cuatro vías se estudian para colaborar con la familia de Cardelle. La primera es lograr que Rincón, de 79 años, continúe cobrando la fracción de la pensión de su marido que le corresponde por viudedad, aunque posiblemente, como tuvieron una unión de hecho hasta el 2011, ella no esté inscrita en el libro de familia del Registro Civil Consular, señaló José Antonio Alejandro, miembro del Comité de Residentes Españoles y secretario general de la Hermandad Gallega de Venezuela.

«Recuperaremos todos los papeles que había introducido Cardelle ante la Consejería Laboral para que vuelvan a pagarle su pensión o la parte que le corresponde a su viuda», indicó Alejandro, quien señaló que están coordinando con el hijo y nieto de Ana Rincón la entrega de los documentos, que también sirven para otras dos ayudas: una paga única extraordinaria del Gobierno español, y otra de la Comisión Social de la Hermandad Gallega, también de carácter puntual.

Sin servicio médico

«Aparte, tramitaremos con la Fundación España Salud a ver si puede seguir recibiendo el servicio médico, aunque esto está más difícil porque la señora no es española. Pero veremos qué contactos se pueden hacer», señaló el representante del CRE.

Cardelle había dejado de percibir la pensión española este año porque se casó en el 2011, y en su nuevo DNI venezolano aparecía como casado, lo que lo obligaba a renovar toda su documentación ante la Seguridad Social.

En el proceso de aportar los documentos, que en Venezuela es complicado, fueron estafados por un individuo que les prometió agilizarles la legalización de los mismos, por un monto de unos 10 euros, una cantidad pequeña, pero que es superior a la pensión mínima venezolana.

Rincón, sin embargo, señaló que aunque su difunto esposo estaba preocupado por la falta de dinero, lo que lo llevó a quitarse la vida fue el dolor que sentía en las piernas por no conseguir la insulina para el tratamiento de su diabetes y por su sordera, ya que no tenía el dinero para reemplazar los aparatos de audición que se le habían dañado.

China y Rusia alivian los apuros financieros de Nicolás Maduro

Las sanciones impuestas por Donald Trump a Venezuela han afectado la capacidad financiera del país, pero han propiciado que la tibieza de los nexos con Rusia y China se haya transformado en decisivo apoyo de ambas potencias. Desde la primera llegó el primer cargamento con 30.000 toneladas de trigo y en unos 20 días atracará otro, y la segunda expresó su interés en explotar 800 pozos petrolíferos en la franja del Orinoco. Dos cordones umbilicales que permitieron al vicepresidente Tareck El Aissami afirmar que no faltará comida ni materia prima en Venezuela y, desafiante, que no será el mandatario estadounidense quien «pueda doblegar la voluntad de un pueblo soberano con sanciones económicas».

Según El Aissami, uno de la veintena de funcionarios que encabeza la lista negra de la Casa Blanca que lo vincula con el narcotráfico, las sanciones pretendían «asfixiar la economía, y además todo lo que conlleva la comercialización para la agroindustria, para con ello golpear al pueblo en materia de alimentación», pero el Gobierno de Nicolás Maduro «ha logrado materializar convenios y cuenta con apoyo internacional». Un sostén que se materializará a mediados de este mes en una cumbre de solidaridad.

Gira por Europa

Mientras, la oposición no se queda quieta. Este lunes empieza su gira por Europa para reunirse con los presidentes de España, Francia, el Reino Unido y Alemania Julio Borges, toda vez que Lilian Tintori sigue sin poder salir del país. Borges quiere recordar -y pedir ayuda a los países europeos- que desde el 2014, cuando se registró la anterior ola de protestas violentas, de los 76 alcaldes opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), elegidos en el 2013, 19 de ellos han sido sancionados, destituidos y detenidos, o el chavista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha cursado orden de captura, y otros dos regidores fueron destituidos por consejos municipales de mayoría oficialista. Varias organizaciones no gubernamentales consideran las medidas como persecución política del Estado.

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