Los jubilados retornados desconfían de Hacienda y evitan ponerse al día

Juan Ventura Lado Alvela
j. v. lado CEE / LA VOZ

RETORNADOS

Únicamente el 26 % de los de la Costa da Morte ha presentado su declaración

14 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Puede haber alguna variación, mínima, de personas que hayan optado por otras vías, pero según los datos que maneja la Asociación de Jubilados Antiguos Emigrantes de la Costa da Morte (AJAE), solo 654 vecinos de la zona que perciben pensiones del extranjero, entre los 2.500 que están afectados por las regulaciones impuestas desde el Gobierno, han regularizado su situación. De esos casos, 462 los tramitó la propia AJAE, otros 162 lo hicieron gestorías de Vimianzo, Baio y Camariñas y los 30 restantes, que conozca la asociación, fueron presentados por vía telemática.

Los datos ponen sobre la mesa una realidad clara: los emigrantes no confían en Hacienda y se abstienen de realizar las correspondientes declaraciones porque, en su inmensa mayoría, saben que, paradójicamente, colaborar y cumplir va en contra de sus intereses económicos.

«A xente ten medo, sabémolo porque vén e pregunta, pero prefire non regularizar a súa situación porque en canto lle remite a Hacienda eses datos que eles non teñen automaticamente pídenlle os catro anos anteriores de maneira retroactiva. Por iso prefiren esperar a ver se nós conseguimos algo coa loita que estamos mantendo e, entre tanto, polo menos vai pasando o tempo e se prescribe algún ano, iso que se aforran», detalla el portavoz del colectivo, José María Rocha.

En la mayoría de casos funciona porque las cartas y multas recibidas de oficio solo representan una pequeña parte de la totalidad de afectados, pero Hacienda también está sobre la pista e igual que hizo en el 2013 para evitar que prescribieran los casos del 2008 está enviando comunicaciones ahora para no perder esos ejercicios que van desde el 2013 a la actualidad. Por el momento son solo un puñado de misivas las recibidas, pero los jubilados no cantan victoria ya que la Administración tiene hasta el 31 de junio para notificar.

Si esta es la situación en la Costa da Morte resulta fácil deducir que el impacto a otros niveles es significativamente mayor, ya que solo en Galicia hay unas 250.000 personas en las mismas circunstancias y en el conjunto de todo el estado, 850.000.

«Non declaran porque o mínimo que pagas son 2.000 euros -hai algún caso de menos, sobre 1.500 pero moi poucos- e, como che aplican os catro anos anteriores de maneira retroactiva, xa son 10.000 euros que moita xente non os ten agora para pagar», añade Rocha, quien incide en que no se trata de grandes fortunas, sino de pensiones de trabajadores comunes, que ya tributaron las cantidades correspondientes en los países de origen. De ahí su batalla, que sobre perseguía que el Gobierno no aplicase esos cuatro años retroactivos y así lograr una regularización generalizada, pero se han topado con el no por respuesta y, por tanto, persistirán en su lucha. Consideran que no se les puede tratar como estafadores y, mucho menos, establecer quitas para corruptos demostrados mientras a ellos se les persigue.

De ahí que mañana los representantes de AJAE tengan prevista una reunión con los compañeros de Caldas de Reis para analizar que medidas adoptan a partir de ahora. Por el momento ya tienen acordado un encuentro con el grupo de Podemos en el Congreso -con el PSOE ya se juntaron- y también piensan hacer lo propio con Ciudadanos, ya que entienden que el Partido Popular, al que más reclamaron, les ha dado la espalda.

Siguen llegando sentencias en favor de los pensionistas de la emigración

Mientras el Gobierno sigue haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de este colectivo, los tribunales, por norma general, ya que hay casuísticas de todo tipo, continúan dándoles la razón. Y en las últimas dos sentencias con vecinos de la zona entre los implicados esa tónica se mantiene.

Un vecino de A Laracha, con una incapacidad del 100 % (por tanto exento de declarar en la mayor parte de Europa), había tenido que pagar 72.000 euros. Ahora, con el fallo del TSXG el Estado le tiene que devolver 60.000 euros. Los otros 12.000 los ha perdido porque tenía que declarar un bajo alquilado y no lo hizo.

En la misma línea aunque por motivos diferentes, una ceense que regresó con 62 años porque su marido se había jubilado al cumplir los 65, reclamaba que la Seguridad Social le incluyese en el seguro de su cónyuge. No fue así y ahora la Justicia le permite recuperar los 182 euros que tuvo que pagar durante 18 meses, aparte de los 87 que pagaba para Suiza, y queda cubierta en el seguro del esposo.