Enfado y recelo entre los gallegos de Londres ante las propuestas de May para los europeos
REINO UNIDO
La UE las ve faltas de garantías y la oposición británica denuncia que son poco generosas
27 jun 2017 . Actualizado a las 12:47 h.«Es una locura. Me parece fatal tener que volver a hacer todo el papeleo», afirma la gallega María Muelas tras el anuncio de la primera ministra británica, Theresa May, de que los 150.000 ciudadanos europeos que consiguieron la residencia permanente tras la victoria del brexit en el referendo tendrán que volver a hacer de nuevo la petición para conseguir lo que se ha bautizado como «estatus de asentado». La nueva condición pasa por obtener una cédula especial, a la que tendrán acceso los comunitarios que lleven más de cinco años trabajando en el Reino Unido, y forma parte de la propuesta con la que el Gobierno quiere negociar con Bruselas la situación de los más de tres millones de comunitarios de la isla.
«Pedí la ciudadanía permanente en noviembre del 2016 y me llegó a las cuatro semanas. Me costó mucho juntar todos los documentos y pagar 65 libras de la solicitud más todos los gastos, que calculo que fueron en total de 250 a 300 libras», explica su enfado Muelas. Ella tuvo la suerte de contar con la ayuda de un amigo abogado que no le cobró por unos servicios por los que normalmente se están pidiendo entre 400 y 500 libras. Natural de Porto do Son, Muelas se muestra preocupada por lo que ocurrirá con los europeos que no lleven los cinco años en el Reino Unido. Son los casos de su hermano Aníbal, que cumplirá un lustro el año que viene trabajando de carpintero, y de su amigo Manuel, que hará dos años haciendo lo propio como albañil.
«Mi hermano dice que, si no ve las cosas claras, se vuelve para Galicia. Yo pienso que estamos aquí trabajando duro y solo veo a los de arriba poniendo problemas», se lamenta esta contable que califica como hostil el ambiente con los europeos, y con episodios racistas que no había visto antes.
María Rouco, natural de Santiago, lleva cinco años trabajando en Reino Unido y es de las que no ha estado «en ningún momento» de acuerdo con las políticas de May, que tilda de «extremista» en ocasiones. Su esperanza es que la presión laborista surta efecto. «Están buscando la mejor forma para conservar los derechos de los europeos», por lo que aboga por la prudencia hasta que las negociaciones estén más avanzadas.
Parecida es la actitud de Pamela Lestón, natural de Carnota. Lleva en Londres desde 1988, adonde llegó con cuatro años: «Nunca vi que fuese a haber un brexit duro y siempre pensé que todo iba a quedar igual para los que ya estamos aquí». Pese a que varias amigas suyas tienen la doble nacionalidad, en su familia siempre mantuvieron únicamente la española. «A ellos les conviene que sigamos. Si nos vamos, la mitad de Londres se queda vacía y no hay ingleses haciendo trabajos de hostelería». Pese a su optimismo, reconoce que hay nerviosismo entre la colonia gallega pues ella misma lleva meses intentado convencer a sus hermanas de que no se marchen. «Honestamente, no saben por dónde cogerlo [el Gobierno británico]. Se están dando cuenta de que no es viable lo que decían que iban a hacer».
Bruselas habló por medio del negociador para el brexit, el francés Michel Barnier: «Objetivo de la UE sobre derechos de los ciudadanos: el mismo nivel de protección que en la legislación de la UE».
La propuesta de May no precisa la fecha de corte a partir de la que empezarán a contarse los cinco años de residencia. Además, como ya hizo en Bruselas, insistió en que los derechos de los europeos pasarán a ser tutelados por la justicia británica, y no la comunitaria. El plan otorga un período de gracia de dos años para que los interesados en quedarse puedan hacer las solicitudes. Los solicitantes se enfrentarán a los controles de antecedentes penales para excluir a los que son «criminales graves o persistentes y aquellos que consideramos una amenaza», pero no explicó a qué se refería. Por su parte, la oposición expresó su inquietud porque el plan no especifica en detalle qué pasará con los hijos de los europeos, o con el derecho de reunión de europeos casados con extracomunitarios. «No es una oferta generosa. El Gobierno quiere usar a esta gente como moneda de cambio» dijo Jeremy Corbyn.
Elogios al héroe Ignacio Echeverría
May elogió ayer el «heroísmo» de Ignacio Echeverría, asesinado cuando intentaba impedir que los terroristas agredieran a otras personas. «Vimos cómo un banquero español moría de forma trágica cuando corrió en ayuda de una mujer que estaba siendo atacada», dijo en el Parlamento. «Esos momentos de heroísmo muestran cómo los ataques a nuestro modo de vida están lejos de dividirnos», indicó para subrayar la necesidad de que el Reino Unido y la UE colaboren contra el terrorismo a pesar del brexit.
El pacto con los unionistas de Irlanda del Norte desata las críticas de Escocia y Gales
Al final hubo acuerdo pero de aquella manera. Habrá estabilidad parlamentaria, pero será cara y desatará borrascas de malestar en otras partes del Reino Unido. El Partido Conservador y el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP) cerraron ayer el pacto que asegura a May la mayoría en cuestiones fundamentales como, por ejemplo, una moción de censura, en el capítulo presupuestario o en la legislación vinculada al brexit. «El apoyo en otras cuestiones será acordado caso por caso», se apresuró a explicar la líder unionista, Arlene Foster, tras la firma del acuerdo a las puertas de Downing Street.
A cambio del apoyo del DUP, May accedió a mantener el conocido como «triple bloqueo» de las pensiones, que garantiza su revalorización anual, y los subsidios al combustible de calefacción para los ancianos, así como a llevar a cabo una inversión extra de 1.000 millones de libras en Irlanda del Norte en los próximos dos años. Sumadas todas las contrapartidas, elevan la factura a unos 1.500 millones de libras. Foster presumió de que no es todo ya que confía en que su región se beneficiará también en las negociaciones sobre el brexit:, a partir de ahora tendrá una «voz fuerte» gracias al entendimiento.
Pese a las virtudes que tanto ella como la primera ministras ven en el acuerdo, las críticas no tardaron en llegar. Los líderes autonómicos de Escocia y Gales lo condenaron por «injusto» y «contrario al interés nacional». También podría ser perjudicial para el frágil proceso de paz en Irlanda del Norte, que se basa en el reparto del poder entre los unionistas y sus rivales, subrayaron estos últimos.
La colaboración del DUP con los tories en Londres podría cambiar la correlación de fuerzas entre los protestantes y el Sinn Fein para la formación de gobierno en Belfast. El líder de esta formación, Gerry Adams, fue incluso más allá y afirmó que la entente pone en peligro de hecho el proceso de paz en la región. «Le da un cheque en blanco a un brexit duro que amenaza los acuerdos de Paz del Viernes Santo», sostuvo.
También el líder laborista Jeremy Corbyn se manifestó en contra. «Claramente este acuerdo no es en nombre del interés nacional sino en interés del partido de May, para ayudarla a mantenerse en el poder», dijo. «El Gobierno debe responder dos preguntas», añadió. «¿De dónde viene el dinero de este acuerdo? Y ¿todas las partes del Reino Unido recibirán los tan necesitados fondos que Irlanda del Norte percibirá como parte del trato?»
El DUP, un partido de derecha, es controvertido por mantener unas posturas muy conservadoras, como su rechazo al matrimonio homosexual o a flexibilizar la ley del aborto. Entre sus miembros hay negacionistas del cambio climático y de la teoría de la evolución. May insistió, pese a ello, que los dos partidos «comparten muchos valores» y en que el acuerdo que se alcanzó es «muy bueno». En su defensa tiene que no es la primera vez que un Gobierno conservador se apoya en los unionistas norirlandeses para gobernar: ya en 1996 y 1997, el primer ministro John Mayor obtuvo su apoyo tras perder la mayoría parlamentaria.